Luego que OPI informara sobre la detención de un furgón IVECO repleto de televisores, artículos electrónicos, juegos y mercaderías varias, proveniente de Chile, hubo una reacción poco creíble de parte de sus actores. Salieron a explicar utilizando el absurdo.
Conocida la noticia sobre la incautación de mercadería electrónica en el paso Laurita (Río Turbio), proveniente de Punta Arenas (Chile) donde se vieron involucrados dos empleados y ex funcionarios municipales de El Calafate, hubo una intención por parte de los mencionados en este grave hecho, de “explicar” lo inexplicable, al menos desde el punto de vista lógico y legal.
En el caso del señor Luis Roberto Esmoris, propietario del furgón IVECO en el que se movilizaban, salió a desmentir tajantemente lo que informáramos, negó que se hayan trasladado televisores y por el contrario manifestó que “con su dinero, compró 51 bicicletas para regalar en el día del niño”.
Esmoris, además de mentir sobre la inexistencia de televisores en cantidades y artículos de electrónicas transportado, que sí confirmó el propio Comandante de Gendarmería, Cristin Rodriguez en sus declaraciones a Fm Tiempo de Río Turbio (primera contradicción del empresario calafatense), realiza dos maniobras evidentes: aclara que lo compró “con su dinero”, para despegar al Intendente de El Calafate ya que en el momento de ser detenido el furgón, Gonzalo Mauro Jara, quien lo acompañaba y también es empleado municipal, dijo expresamente que “todo había sido comprado por orden del Intendente de El Calafate, Javier Belloni” y luego relata que adquirió “51 bicicletas para regalar”, con lo cual trata de mitigar el impacto de la nota (no es lo mismo hablar de televisores, que bicicletas para regalar a los chicos) y mostrar, en todo caso, que si hay algo “no legal”, estaría (de alguna manera) compensado esa ilegalidad, con la finalidad para la cual incurrió en el gasto. Nosotros podríamos agregar que “además” de los televisores, menajes, bazar y electrónica, trajeron las bicicletas y ser esa la mercadería “blanqueada” por Esmoris. Si bien nosotros tenemos la fotografías de los TV apilados en cajas, lo de las bicicletas, también sería ilegal.
En ninguna parte de la reglamentación aduanera, se presume que 51 bicicletas transportadas en un vehiculo cerrado, constituyan “equipaje de mano”. Tampoco “uso personal” y menos aún que alguien pueda argumentar, por más loable que sea el propósito (como la donación), que es legal infringir el Decreto D.S.Nº 016-2006-EF y sus modificatorios, que establecen claramente “Ingreso de bienes afecto al pago de tributos”. Claramente, las personas que transportaban mercadería prohibida incurrieron en “Intento de contrabando”.
Si queremos encontrar más contradicciones, podemos decir que Esmoris no puede (o no podría, al menos que no haya sido idóneo en su cargo) desconocer los alcances de esta reglamentación, ya que se desempeñó como Director de Comercio de la Municipalidad en la primera gestión de Belloni y hoy es funcionario en el Consejo Deliberante de esa localidad.
Ayer en Tiempo Sur, Esmoris trató de justificarse publicando un tickets y dos comprobantes ilegibles de tarjeta de débitos, que no dicen absolutamente nada ni aclaran la cuestión de fondo. Primero, que las compras se hacen con tarjetas de débitos porque resultan convenientes al cambio; es decir, el uso de este medio de pago es el lógico en las compras en Punta Arenas. No nos creemos que Esmoris pagó con débito para que conste la transparencia de la operación. Segundo, nada hay que explique y compruebe que el dinero depositado en su cuenta, sea de él o de otra persona (aunque esté en su cuenta personal). Bien puede uno, pagar con su tarjeta de débito, mercadería que compre para otro u otros fines que no sea su uso personal.De cualquier manera, ésta última observación, no es importante.
La reglamentación
La acción en la que están inmersos los señores Jara y Esmoris, es el “intento de contrabando”, le señalaron fuentes aduaneras a OPI. Si la medida progresa o no, es competencia y decisión de la oficina del organismo ubicado en la localidad de Puerto Santa Cruz; mientras tanto, la mercadería sigue interdictada.
Además, profundizamos las consultas con profesionales abocados al derecho de importación y agentes aduaneros, quienes en todo momento consideraron inviable cualquier explicación que se quiera dar sobre lo ocurrido o justificación que se pretenda interponer para desnaturalizar el verdadero objetivo de este embarque.
En la Reglamentación sobre ingreso de bienes afecto al pago de tributos, su artículo b y c, determina:
b) Por el ingreso de los bienes que por su naturaleza o cantidad se presuma que están destinados al comercio, que no hayan sido declarados como carga y que se sometan a la destinación aduanera de importación definitiva, una multa por incurrir en infracción conforme a la Ley General de Aduanas, la cual debe ser determinada y cancelada después de numerada la declaración de importación y antes de otorgarse el levante de la mercancía.
c) Los bienes no considerados como equipaje ni menaje de casa, deben ser dejados en custodia de la Autoridad Aduanera hasta que se sometan a la destinación correspondiente, cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la Ley General de Aduanas y normas especiales.
No hay forma de justificarlo
Solo con relacionar lo transportado, con los items mencionados, surge una violación expresa a las normas aduaneras.
1. La cantidad de bienes ingresados (aún cuando hubieran sido solo las 51 bicicletas que pretende hacernos creer Esmoris) hacen presumir que está orientado al comercio, según el artículo b, previamente mencionado.
2. Está claro que la Aduana no consideró a los bienes incautados “como equipaje”, ya que los interdictó y tal lo refiere el inc b, será la propia autoridad aduanera quien decidirá su destino y si cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley General de Aduanas; y en este punto todo hace pensar que no lo cumple.
“Lo que se presenta aquí es la intención de evitar el pago de impuestos por fuera de la franquicia autorizada por ley, que es de 150 dólares por persona y 300 dólares por matrimonio o proporcional de acuerdo al grupo familiar”, le señaló una alta fuente aduanera a OPI.
“Son varios las cuestiones que se violan aquí, porque, además de la reglamentación básica de la Aduana, hay en el país una política de restricción de importaciones, que no permite ni siquiera a los importadores registrados, obtener facilidades para traer mercadería al país, excepto en aquellos casos que puntualmente la Secretaría de Comercio autoriza, como ha ocurrido con repuestos para tomógrafos o aparatología de tratamiento oncológico. Por fuera de esa autorización, es contrabando”, prosiguió explicándonos nuestro interlocutor.
“Hay dos situaciones de infracción complicadas para el viajero: si no declara la mercadería y lo descubren, o si declara menos de lo que en realidad transporta”, resumió el funcionario. En el caso que nos ocupa, el inspector aduanero se encontró con la mercadería en el furgón la cual no habían sido declarada como marca la ley.
En cuanto a la metodología que se sigue en la Aduana, con respecto a la mercadería incautada, OPI pudo establecer que en caso de demostrarse el intento de contrabando, todos los bienes son “irrecuperables” y queda en manos de la oficina aduanera y del funcionario a cargo, iniciar las actuaciones administrativas y penales que crea corresponder. También las fuentes, señalaron que es potestad del funcionario, cobrar la diferencia del arancel y entregar lo incautado “sin embargo por la cantidad que se muestra aquí y las restricciones a la importación existente, es casi seguro (en este caso) que esto no ocurra”.
OPI también pudo saber el malestar ocasionado dentro de las filas de los inspectores aduaneros, con la Gendarmería Nacional, derivado de las declaraciones hechas por el Comandante Rodríguez en el día de ayer en Río Turbio.
Lo de Belloni
Javier Belloni, Intendente de El Calafate, salió por Canal 26 y apareció haciendo declaraciones en medios de su ciudad, donde desestima lo publicado por OPI y habla de una maniobra “política” para ensuciar la campaña del FPV.
El recurso típico que usan los políticos para blindarse de las responsabilidades que les competen, fue usado una vez más, en esta oportunidad por el candidato testimonial de Cristina Fernández, que tiene vocación de candidatearse para gobernador en el 2015.
El problema de Belloni es que nadie le cree y en vez de actuar como alguien que en realidad no tiene nada que ver con lo ocurrido, evita dar las explicaciones que corresponden, por los dichos de su propia gente, quienes en su nombre, pretendieron transportar una carga, trangrediendo normas aduaneras. (Agencia OPI Santa Cruz)
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