viernes, 2 de agosto de 2013

Avanza la investigación contra el presidente de Aerolíneas por enriquecimiento ilícito

Un juez federal ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Mariano Recalde para analizar el crecimiento de su patrimonio.

La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del presidente de Aerolíneas Argentinas e integrante de la agrupación juvenil kirchnerista La Cámpora, Mariano Recalde, avanza en los Tribunales federales. El juez Daniel Rafecas acaba de ordenar el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre los movimientos de Recalde en la causa en que se investiga su crecimiento patrimonial a partir de una denuncia de la diputada Graciela Ocaña.
Según publicó hoy el diario La Nación, Rafecas hizo lugar así a una serie de medidas de prueba que le había solicitado el fiscal Jorge Di Lello hace cerca de seis meses, como las inversiones realizadas por Recalde en los últimos años y los registros de las propiedades y sociedades comerciales registradas a su nombre.
En su denuncia, Ocaña acusó a Recalde de cobrar "tres remuneraciones como funcionario" y de mostrar "groseras inconsistencias" en sus declaraciones juradas de bienes y un "extraordinario crecimiento patrimonial" .
Entre las medidas de prueba, se pidieron informes sobre la viabilidad en el desempeño simultáneo de los diferentes cargos que desempeña Recalde como presidente de Aerolíneas, director de Austral y director de Aerolíneas.
La denuncia señala que Recalde dijo haber cobrado $ 856.026 anuales del Estado y que informó que el trabajo por el que percibía los tres sueldos le insumía 45 horas semanales. Según Recalde, "no existen incompatibilidades" porque Aerolíneas y Austral son "una unidad empresaria que cuenta con el Estado nacional como controlante". A juicio de la denunciante, no se entiende por qué si nadie puede tener más de un cargo Recalde sí, y por qué si desempeña una única actividad cobra tres sueldos. Pero éstos no son todos los trabajos del funcionario: en su última declaración, dijo haber percibido $ 29.365 como docente y otros $ 99.079 por el ejercicio independiente de la profesión de abogado.
Sus bienes declarados crecieron, según la denuncia, un 75% en dos años y medio: en 2009 dijo ser titular de $ 1.961.617 y US$ 155.049, y en 2011, de $ 3.477.333 y US$ 91.498.