Aprobado por la Legislatura neuquina el acuerdo hidrocarburífero con Chevron, ¿el asunto está concluido y la extracción del shale será en calma? De ninguna manera.
Hay cuestiones tan diversas y profundas en el medio, que es inevitable que la acción continúe, para desvelo del torpe gobernador Jorge Sapag. Aquí una interesante descripción de los hechos de parte del patagónico Río Negro ya que reconoce que el tema ambiental ha sido dejado de lado tanto por Sapag como por YPF y sorprende lo de Chevron, que tiene tanta experiencia en denuncias por destrucción ambiental, por ejemplo en Ecuador, y no prevenga más escándalos:
NEUQUÉN (Río Negro).
Con un despliegue de violencia que dejó traslucir su planificación,
grupos de ultraizquierda cultores de la doctrina del cuanto peor mejor,
ecologistas de los que no admiten la minería pero sí los celulares y los
automóviles, opositores sin escrúpulos que buscan sumar votos por
cualquier medio y gremios usualmente más preocupados por llevarse su
propia tajada que por contribuir a la generación de mayor riqueza
intentaron impedir que sesionara la Legislatura para debatir un tema
crucial para la Provincia y el país, la extensión de la concesión de un
área equivalente a sólo el 1,5% de Vaca Muerta a YPF, para hacer posible
su acuerdo con una empresa extranjera que aporta capital y tecnología.
Lo hicieron porque todos juntos son minoría y sabían de antemano
que había una mayoría dispuesta a sancionar aquello con lo que no
concuerdan o simplemente no entienden. Pero, en lugar de informarse y
dar el debate, prefirieron dar rienda suelta a sospechas fundadas e
infundadas. Su conducta violenta, ciega y cargada de suspicacia fue
claramente antidemocrática.
Hay que decirlo, también: fue tan irresponsable y desaprensiva que sólo por fortuna no ocasionó alguna muerte.
Ello, independientemente de que, es sabido, la policía suele
desbordarse cuando se trata de poner límites a una manifestación y con
mayor motivo cuando es inusitadamente iracunda.
El descalabro que armaron estos grupos contó, por acción u
omisión, con la complicidad de siete diputados de la oposición que, en
su afán por impedir la sesión, en lugar de dar el debate legislativo
obraron de manera funcional a los revoltosos. Otros dos directamente se
sumaron desaprensivamente a los grupos que tiraban piedras contra la
policía o destrozaban alevosamente bienes públicos y privados. Dos
más, empero, a pesar de estar en desacuerdo se quedaron en el recinto
para exponer sus argumentos o votar en contra, observando la conducta
esperable en el marco de las instituciones.
Pocas voces se alzaron por fuera para condenar estas reprochables
conductas. Los más prefirieron trasladar cómodamente toda la
responsabilidad a la "represión policial". Inclusive los que, como el
intendente Horacio Quiroga, se pasan la vida criticando las
manifestaciones y apagando neumáticos a fuerza de multas y esta vez
tendieron a justificar lo actuado o no lo condenaron. Parecen
no darse cuenta o no quieren hacerlo, pero el 'vale todo' y la oposición
por la oposición misma son un bumerán en la política argentina.
Ya se ha dicho desde este mismo espacio que el acuerdo YPF-Chevron,
que la Provincia hizo posible extendiendo la concesión del yacimiento
Loma Campana, una muy pequeña porción de la potencialmente enorme
riqueza que contiene la formación Vaca Muerta, no es ni tan malo ni tan
bueno como pretenden algunos sino el único a mano para un país en una
difícil coyuntura energética. Argentina ve aumentar dramáticamente la
factura por la compra de energía en el exterior –este año va a ser de
13.000 millones de dólares y es creciente– y aunque tiene el recurso en
su propio subsuelo carece de los capitales y la tecnología para
extraerlo, condición excluyente para seguir creciendo e incrementando la
prosperidad colectiva.
También se ha dicho aquí que no se llega a esta situación de
casualidad sino porque la increíble privatización de la empresa de
bandera –algo que no hicieron Brasil ni México con su petróleo ni Chile
con su cobre– permitió que una empresa como Repsol, cuyo modelo de
negocios fue la extracción a ultranza y la inversión cero, condujera en
pocos años del autoabastecimiento y hasta la exportación a la
importación neta de hidrocarburos. Una empresa que fue expropiada y debe
ser justamente resarcida pero que mientras tanto se empeña en bloquear
por todos los medios la inversión extranjera que el país necesita.
Aunque tarde, el presidente de YPF Miguel Galuccio lo explicó el
jueves pasado al defender el acuerdo con Chevron: el déficit energético
del país es "serio" y puede "empeorar si no hacemos algo", advirtió.
Hay que señalar también que el gobierno nacional contribuyó a
politizar este asunto sacándolo del ámbito estrictamente empresario. Si,
como dice Galuccio y parece razonable, no hay cláusulas secretas en el
convenio sino un compromiso de confidencialidad entre dos sociedades
anónimas, este asunto nunca debió salir del ámbito privado.
Es que la Nación y también la Provincia fallaron en
comunicar con claridad y extensión los alcances del acuerdo,
contribuyendo de esa forma a despertar sospechas, algunas de ellas
interesadas –no ha faltado quien asegure que Repsol y otras petroleras
han alentado las críticas más cerriles– y otras plenamente justificadas
en un país que ha visto tantas veces a sus gobernantes y dirigentes
traicionar sin rubor la palabra empeñada.
Sin perjuicio de que muchos de los que se embanderan en la causa
ambientalista lo hacen desde un primitivismo refractario al progreso y
el desarrollo, muchos de los que objetan este acuerdo lo hacen porque
rechazan o tienen dudas genuinas sobre los alcances ambientales de la
extracción de hidrocarburos no convencionales.
No se trata de que si las cosas no se hacen como corresponde mañana
habrá contaminación; la contaminación ya existe por obra y gracia de
los métodos convencionales porque la extracción de petróleo es
potencialmente contaminante y si no se la controla debidamente, mucho
más.
Los mapuches que ahora se quejan podrán no ser los
titulares de las tierras comprometidas por el acuerdo, pero son vecinos y
no se quejan de gusto; ya han sufrido los efectos de esa contaminación
en carne propia.
Así las cosas, no se puede admitir que el gobierno provincial eluda o minimice el debate ambiental.
Es un tema que la sociedad en su conjunto reclama esclarecer para
evitar que se reiteren males por todos conocidos. Está claro que si no
se da el debate y no se fijan políticas muy claras, mañana será tarde.
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