El grupo Conarpesa, la empresa pesquera que financió a Kirchner, ¿Es la que traficó cocaína para Néstor?
Nadie puede hacer crecer su patrimonio 1200 % sin traficar cocaína. La radicación de Negocios del Chapo Guzmán y el financiamiento del Cartel de Sinaloa al Gobierno de la presidenta Cristian Kirchner ha sino fundamental y son los principales “patrocinadores” de la reelección d de la presidenta, para esto están dispuestos a “aportar” el dinero necesario para la reforma constitucional. De no lograrlo “deberán re negociar el contrato”… La pregunta es ¿con quién y bajo que términos?-En su momento, el ARI -liderado por Elisa Carrió-, presentó pruebas que relacionaban a la empresa pesquera española Conarpesa con apoyo financiero a la campaña del Presidente Néstor Kirchner. El sospechoso homicidio del empresario santacruceño Raúl “Cacho” Espinosa, y el sugerente nombramiento de Graciela Ocaña en el PAMI, como intento de silenciar una investigación que relacionaba al Presidente con el asesinato.
07 de Junio de 2005
No
hace mucho tiempo, en febrero de 2005, la líder del ARI, Elisa Carrió,
había asegurado que el Gobierno nacional estaba relacionado con “la
mafia” de la pesca, remarcando que una empresa de ese sector
-Conarpesa-, a la que vinculó al narcotráfico, “financió la campaña
presidencial” de Néstor Kirchner. Carrió dijo oportunamente que esa
empresa “es la verdadera causa del gobierno, porque financió la campaña”
y precisó: “está controlada por otra, relacionada con la denominada
“Operación Langostino”.
La
ex diputada -que lideró la investigación parlamentaria sobre lavado de
dinero- había asegurado además que “uno de los recaudadores de campaña
tiene un gran cargo en el Ejecutivo Nacional”. Luego Carrió haría saber
que tal “rol” era desempeñado por el Ministro de Planificación, Julio de
Vido.
Carrió,
quien reclamó insistentemente que Kirchner identifique públicamente a
quienes aportaron dinero para solventar su llegada a la presidencia,
subrayó: “el financiamiento de campaña es la gran trampa”. Dijo además
que la empresa en cuestión “maneja la Patagonia, son mafia, y están
dispuestos a matar”. Puntualizó que los propietarios de la firma en
cuestión, dos empresarios españoles, “son testaferros” de Jorge Antonio,
un industrial con vinculaciones con el justicialismo, y de quien se
dice que financió la campaña presidencial de Carlos Menem.
Los dos empresarios españoles citados por Carrió son prófugos de la Justicia en una causa
en la que se investiga el homicidio de Rubén “Cacho” Espinosa, por la
que ya pasaron quince magistrados, según recordaron fuentes
tribunalicias. Espinosa, también empresario pesquero, fue asesinado en
Puerto Madryn el 30 de enero de 2003, de un disparo en el pecho. El
asesino le disparó delante de su mujer, que en ese momento estaba
embarazada de mellizos, y que durante la rueda de reconocimientos señaló
a José Segundo, como autor de homicidio.
Según
la hipótesis de la investigación, el crimen se habría cometido por
encargo. Espinosa había trabajado como estibador y se relacionó con la
empresa ahora denunciada por Carrió, donde llegó a conducir la firma,
que tiene plantas de procesamiento en Chubut y Santa Cruz. Pero luego se
independizó, no en los mejores términos, y fundó su propia industria,
Pesquera San Isidro.
La
investigación estuvo a cargo de una quincena de magistrados, que se
excusaron o abandonaron la causa por distintos motivos, uno de los
últimos en dejar el caso, Juan Eduardo Meani, aseguró que fue víctima de
“presiones” para que revocara las órdenes de captura contra los dos
empresarios españoles.
Lo
llamativo del caso fue que pocos medios prestaron atención a las
declaraciones de Carrió, ya fuere por presiones adicionales provenientes
desde el Gobierno o porque consideraran que era un nuevo intento de la
ex diputada por atraer atención mediática.
Las
presiones que, por su parte, recibiera el juez de Puerto Madryn, Juan
Eduardo Meani, para apartarse de la causa del asesinato de Espinoza
-caso en el que ya tenía pruebas suficientes para procesar a los
titulares de Conarpesa- fueron vistas oportunamente como un intento del
gobierno de Santa Cruz -en ese entonces en manos del actual Presidente-
para proteger a quienes financiarían luego su campaña.
La empresa
Conarpesa, de hecho, no sólo fue seguida de cerca por su relación con
el caso que terminó en la conocida Operación Langostino -los 600 kilos
de cocaína incautados, escondidos en cajas con idénticos crustáceos-,
sino también por la operatoria monopólica con que se manejaban en el
espacio costero de Santa Cruz.
Precisamente,
la actividad pesquera de Conarpesa serviría de una fachada ideal para
el tráfico de drogas, especialmente cocaína de alta pureza, que ingresa
en la Argentina a través de Bolivia -y ahora también Paraguay-, y luego
sale embarcada en grandes cantidades hacia España, puerta de entrada
para satisfacer a los consumidores europeos.
La
relación de Conarpesa con el Presidente Kirchner, en tiempos que era
Gobernador de Santa Cruz, era en su momento claramente visible, pues los
directivos de la empresa española normalmente acompañaban a Néstor
Kirchner en sus actividades de campaña.
En
Santa Cruz es conocido el hecho de corrupción en altas esferas de los
sucesivos gobiernos provinciales, que aceptaron dinero de Conarpesa para
permitir a ésta contar con el monopolio en la explotación pesquera de
la región, que a nivel recursos es una de las más dotadas del sector
marítimo argentino.
Pero
la obtención de tal monopolio de explotación, no sólo habría
beneficiado a la empresa española a nivel pesquero, sino que también le
abrió las puertas para otro tipo de negocios más “blancos”. Y fue el
mismo monopolio que debía mantenerse a toda costa : por eso, el
asesinato de Espinosa, que se “abrió” de la empresa para incursionar en
el lucrativo negocio de la pesca industrial.
Por
otra parte, la actual directora del PAMI, Graciela Ocaña, oportunamente
trabajó en las filas del ARI, y una de sus actividades principales en
el partido fue llevar adelante la investigación relacionada con
Conarpesa, las contribuciones que tal compañía hacía a las arcas de
campaña de Kirchner -normalmente a través de de Vido-, y desarrollar los
puntos de contacto del asesinato de Raúl Espinosa con ciertos
funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz, hoy devenidos en
funcionarios del Gabinete Nacional.
El
asesinato del empresario pesquero ha visto pasar “de largo” a varios
jueces, ninguno de los cuales pudo sentenciar a prisión al único acusado
en el caso, ni siquiera contándose con todas las pruebas materiales ni
las aportadas por testigos. Los rumores más intensos aún se ocupan de
dar cuenta de que Conarpesa aprovechó sus contactos con ETA en España
para contratar al asesino a sueldo que finalmente quitó la vida a
Espinosa.
El tiempo dirá si el caso Conarpesa constituye el verdadero talón de Aquiles del Gobierno del Presidente Néstor Kirchner.
H.A.
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