domingo, 14 de julio de 2013

Descontrol y sospechas por el uso de los aviones provinciales

Los gobernadores gastan millones en comprar o alquilar jets de lujo, muchas veces sin licitación. Hay denuncias por viajes personales y familiares, hasta para ver fútbol. Crónica de una moda costosa.

Aeronaves propias abandonadas por falta de mantenimiento; sospechas de sobreprecios en la compra de aviones de lujo que envidiaría cualquier millonario; alquileres monopolizados por empresarios afines al kirchnerismo, a quienes se contrata sin licitación; la excusa repetida de los “vuelos sanitarios” para encubrir viajes privados de gobernadores, funcionarios e incluso de familiares o amigos; y hasta vuelos rentados por empresarios que son contratistas del Estado: son sólo algunas de las irregularidades del mercado aeronáutico que salpican a todos los gobernadores. Un dato: la mayoría de los aviones oficiales se adquirieron en la última década, acompañando la moda de las aeronaves de lujo, que antes estaban reservadas a ricos y famosos. Del otro lado, funcionarios, muy pocos, que viajan en aviones de línea y promueven contrataciones con la aerolínea estatal. Las dos caras de la moneda son parte de esta investigación de Clarín, que refleja por primera vez el estado actual de la flota de las 23 provincias argentinas.
Desoyendo mensajes de austeridad como los que repite el papa Francisco, los gobernadores gastan cada vez más a la hora de volar. El ránking de quienes tienen los aviones más caros lo encabezan José Alperovich, de Tucumán; Juan Manuel Urtubey, de Salta; el santiagueño Gerardo Zamora; y su vecino de Chaco, Jorge Capitanich.
En 2010, el gobernador tucumano gastó 36,9 millones de pesos para quedarse con un Learjet 60XR (matrícula LV-CKA), catalogado como el mejor jet en poder de una provincia, tanto por la tecnología como por el confort. ¿Una comparación? Con ese dinero se podrían haber comprado dos Hawker 400XP, como el que tiene Chubut. La Legislatura provincial lo había autorizado por 6 millones menos. Alperovich resolvió la diferencia por decreto y se quedó con la aeronave, la tercera que adquirió durante su mandato. Otro “adicto” al Lear Jet, fabricado por la empresa Bombardier –cuyo taller oficial en la Argentina está en manos de allegados al empresario Lázaro Báez– es el gobernador salteño. En 2009, adquirió un Lear Jet 45XR (matrícula LV-BXD) sin mediar licitación. El precio fue motivo de polémica: Urtubey dijo por entonces que había salido “menos de 25 millones de pesos”. Un expediente del ministerio de Finanzas que llegó a la Justicia indicaba que se pagaron 27 millones a International Tech Trading LLC, una firma radicada en los Estados Unidos que sólo tuvo en poder ese avión menos de diez días. Sin embargo, un experto que investigó aquella compra, Rubén Durán, le dijo a Clarín que en verdad se terminaron abonando unos 35 millones de pesos, más a tono con los informes de los medios especializados. Esa aeronave mantiene la matrícula LV, reservada para los privados. ¿El motivo? La Dirección de Aviación Civil de Salta fue habilitada para prestar servicios de taxi aéreo.
Otro que desembolsó una fortuna para tener avión propio fue el radical K Gerardo Zamora. En 2006, compró un Learjet 40 XR, matrícula LQ-BFS. Pagó alrededor de 8 millones de dólares. Cuatro años después, adquirió un Learjet 45, modelo 1999, con un tiempo de vuelo de 5.260 horas que era propiedad de la firma Colorado Jet Sales. El decreto 2.168/10 confirma que desembolsó 18,8 millones de pesos. Su moderna flota, una de las más completas del país, se completa con una Beechcraft King Air C90B, un helicóptero Bell 347 (US$ 3 millones) y otro helicóptero Bell 206 (US$ 800.000).
Detrás de cada una de estas compras, casi siempre está presente la trampa de los “vuelos sanitarios”.
Los aviones son adquiridos bajo esa excusa, pero luego son “aprovechados” para transportar a los funcionarios. Los ejemplos abundan. Misiones tiene un helicóptero Eurocopter 130 B4, que el gobernador Maurice Closs adquirió en Chile a mediados de 2010. Fue una compra directa y pagó 3, 1 millón de dólares. Si bien pertenece a la Policía local, está afectado casi exclusivamente al gobernador, que lo usa con frecuencia.
Es muy difícil controlar si los aviones realizan los vuelos sanitarios que informan, salvo cuando hay traslados de órganos pactados con el Incucai, que tiene registros actualizados.
Casi ninguna provincia publica estadísticas sobre esos viajes. La Dirección de Aeronáutica de Chubut, que opera dos modernas aeronaves: un Hawker 400XP y un King Air C90B, es una excepción: asegura que el 60% de las horas voladas son por traslados aeromédicos de empleados de la administración pública, usuarios de obras sociales y prepagas.
El uso de los aviones sanitarios para otros fines tuvo consecuencias trágicas. En 2012, Morena Guadalupe Caciccio Fernández, una beba de 10 meses, murió mientras esperaba ser trasladada por el avión sanitario de Tucumán, que en esos momentos estaba siendo utilizado por Alperovich. Hechos similares ocurrieron en Santa Cruz, incluso durante la gobernación de Néstor Kirchner. El más reciente fue en diciembre de 2006, cuando Saturnina Cárdenas murió en Río Gallegos: el avión oficial, un Cessna Citation, no pudo ser despachado porque estaba siendo usado por el vicegobernador Carlos Sancho y Alicia Kirchner. Esta semana hubo otro caso. En Salta, la presidenta de la Fundación Hemofilia, Roxana Quinteros, denunció que un nene de dos años esperó más de 12 horas el avión sanitario.
La falta de controles es alarmante. Hay aviones sanitarios que ni siquiera disponen de los elementos necesarios para un traslado de alta complejidad. Ocurrió con el Lear jet de Chaco: según pudo saber Clarín de fuentes aeronáuticas, cuando estalló el escándalo sobre el viaje de Capitanich a Panamá junto a sus hijas, en el verano de 2011, la aeronave todavía no contaba con la camilla y otros elementos reglamentarios. “Luis Grande (dueño de Baires Fly) le terminó cobrando alrededor de 900 mil pesos por el kit sanitario, que originalmente venía en ese avión”, reveló un operador del mercado aéreo. Según esa fuente, la operación se pagó con un cheque de Fiduciaria del Norte e incluía incubadora, tubo de oxígeno, y un desfibrilador. El escándalo de Panamá, destapado por su ex mujer, la diputada Sandra Mendoza, obligó a Capitanich a publicar cada movimiento de su Lear Jet 60, valuado en 4 millones de dólares.
También hay numerosas denuncias –nunca investigadas en los tribunales– sobre el uso de los aviones oficiales p ara fines personales, incluso por parte de familiares y amigos. El caso más reciente involucró al gobernador de Salta. La oposición local denunció que Urtubey utilizó los aviones oficiales, desde 2008, para ir a ver los partidos de River. La denuncia detalla un total de 32 viajes (son 64 vuelos). Por caso, en el Torneo Inicial 2012, el avión Lear Jet 45 LV-BXD estuvo en Buenos Aires en la misma fecha de los partidos de River contra Belgrano, Newell´s y Quilmes. Los movimientos del avión fueron confirmados a este diario por fuentes oficiales. En el mercado, cada viaje de esos cuesta alrededor de 12.500 dólares.
Las denuncias no se terminan con el gobernador: el 24 de mayo, el diario El Tribuno –que es crítico de su administración– publicó una foto de su hermano, Rodolfo Urtubey, candidato a senador por el FPV, como pasajero del helicóptero oficial (matrícula LV-BBP) en la localidad de Amblayo (Valle Calchaquí), en plena campaña política. El gobernador respondió que por su investidura puede llevar a cualquier persona, “más tratándose de mi hermano”.
En La Rioja, el helicóptero directamente quedó en manos del hijo del gobernador Luis Beder Herrera. La polémica estalló en febrero de 2011, cuando Luciano, su primogénito, subió fotos a Facebook posando con sus amigos alrededor del helicóptero modelo AS350-B3, adquirido meses antes.
Otra de las anomalías más frecuentes es que los funcionarios o sus familiares aceptan utilizar aviones rentados por empresarios privados, como solía hacer el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Hay un caso testigo en Santa Cruz. El 10 de mayo de 2012, en un Cessna Citation, matrícula LV CCF, alquilado por Pan American Energy, viajaron los directivos de esa petrolera y los hijos de Daniel Peralta: Lía Sol y Leandro. La empresa que los trasladó había sido beneficiada por el gobernador con la prórroga de contratos petroleros por 42 años. No es el único. La investigación por lavado de dinero por la cual Peralta acaba de ser imputado, surgió a raíz de 12 vuelos del avión oficial a Bariloche.
La falta de transparencia se profundiza cuando los alquileres se pactan directamente desde las gobernaciones. El empresario más buscado es el poderoso Luis Grande, dueño de la empresa Baires Fly, históricamente vinculada al mundo de la política. Actualmente tiene contratos con San Luis y Santa Fe, dos de las provincias que no disponen de una flota propia. Distinta es la situación de Córdoba: tiene cuatro helicópteros y un avión moderno, pero el gobernador De la Sota también contrató en 2012 a esa firma para volar 200 horas. Pagó más de 3,5 millones de pesos. El decreto mediante el cual se difundió la contratación, la justifica de una manera elegante: “Las aeronaves que componen la flota provincial se encuentran afectadas a múltiples propósitos tales como la seguridad y defensa de las personas”. En la Dirección General de Aeronáutica, bajo las órdenes de Mario Erneta, no respondieron las consultas de este diario.
Hay provincias que recurren a los taxis aéreos porque abandonaron su flota. Río Negro llegó a tener aerolínea propia. Servicios Aéreos Patagónicos Sociedad del Estado funcionó hasta 1997. Pero recién en 2008 el ex gobernador radical Miguel Saiz formalizó el cierre. El largo proceso de liquidación le costó a la provincia más de 4 millones de pesos, según una auditoría local. Actualmente, de los aviones sólo quedan restos inútiles en un hangar de Viedma. Hay tres Metro III, un Cessna 402 y un Turbo Comander 10. Ninguno puede volar. Entonces, el gobernador Alberto Weretilneck alquila, sin licitación, los aviones de la empresa Sapsa, del grupo Vía Bariloche. Según la agencia digital ADN, en los primeros cuatro meses de este año el gobernador gastó más de 500 mil pesos. Fuentes del gobierno indicaron a Clarín que hasta el 2011 el gasto anual oscilaba entre 3 y los 4 millones de pesos, y que en 2012 la cifra creció hasta 6 millones. Durante el gobierno del radical Miguel Saiz se contrataba a Baires Fly. Y con el fallecido Carlos Soria las contrataciones fueron a parar a Pacific Ocean, de London Supply, muy vinculada al kirchnerismo y envuelta en el caso Ciccone.
La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, también recurrió al alquiler, porque las dos aeronaves oficiales están fuera de uso por falta de inversión. En lugar de acelerar las reparaciones, contrató a la empresa de Lázaro Báez, Top Air SA, para utilizar un Turbo Commander 690, matrícula LV- MBY, que alguna vez fue de Chaco, y el Lear Jet 35 LV-ZSZ. Para Báez era un negocio redondo porque necesitaba el hangar oficial para guardar sus aviones. Pero el escándalo del supuesto lavado de dinero obligó a interrumpir el contrato. En la isla dicen que no es la primera vez que Ríos queda envuelta en una polémica similar. Tres años atrás, fue descubierta utilizando un helicóptero de la firma “Helicópteros Marinos”, que operaba para la petrolera francesa Total, para sortear un corte de ruta.
En la lista de los gobernadores más viajeros también luce Sergio Urribarri, de Entre Ríos, quien usa todo lo que está a su alcance. Generalmente viaja en los aviones de la Líneas Aéreas de Entre Ríos, una sociedad estatal que depende de la gobernación, pero también alquila un Lear Jet 35 y hasta usa los helicópteros provinciales para distancias cortas. Las diferencias se sienten en el bolsillo: según operadores del mercado aéreo, ahora se pagan unos 5 dólares por cada kilómetro en un Lear 35, y 7 dólares por un Lear 60. Así, un viaje a Paraná (ida y vuelta) puede costar unos 5.500 dólares (se cobra un mínimo de 1.000 kms.), mientras que los pasajes por la aerolínea provincial no superan los 790 pesos.
El gobernador de Mendoza, “Paco” Pérez, lo sabe.
Su provincia no tiene avión y utiliza la clase Business de Aerolíneas Argentinas. “Si los llama Cristina, a veces viaja en el avión del gobernador sanjuanino José Luis Gioja (con una nutrida flota) y después hace un tramo en auto”, contó un funcionario nacional. Pérez firmó el decreto 1745/12 para que sus funcionarios sigan el ejemplo, excepto cuando Aerolíneas no cubra la ruta o sus vuelos estén llenos. Igualmente, Pérez no pierde la esperanza de tener su aeronave. Apenas asumió, negoció con un empresario mendocino. Cuando la noticia saltó a los medios, abortó la operación Informe: corresponsales