La dueña de SGI apunta a una firma de EE.UU. por el escándalo

Además, Helvetic, la firma suiza investigada en la causa, reconoce su relación con el hombre que habría girado los fondos al exterior.

El escándalo por presunto lavado de dinero que involucra al empresario K Lázaro Antonio Báez ya golpea a empresas suizas y estadounidenses. La clave es Helvetic Services Group, dueña de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
En una entrevista con PERFIL vía e-mail, Rosa Vallefuoco, representante de Helvetic en Suiza, intentó despegar en vano a la compañía del Lázarogate y de un entramado de presunto lavado que comienza a trascender a Báez y deja al descubierto una red de empresas creadas en los Estados Unidos, con sucursales en Suiza y administradas por una empresa en el paraíso fiscal de Seychelles, una isla del Océano Indico. Además, responsabilizó a una empresa de los Estados Unidos por las sospechas de lavado.
Vallefuoco reconoció como autoridad de Helvetic a un argentino clave en el escándalo: Néstor Marcelo Ramos. “Es uno de nuestros directores gerentes –managers directors-, especializado en consultoría de inversiones en el mercado latinoamericano”, admitió desde Suiza.
Tanto el juez federal Sebastián Casanello como el fiscal José María Campagnoli en dos causas distintas acreditaron que SGI es actualmente propiedad de Helvetic. Ayer, se supo que Ramos figura en un nuevo requerimiento del fiscal Campagnoli como el supuesto responsable de traer de regreso a la Argentina unos 50 millones de euros que Lázaro Báez habría sacado del país y que volvieron a sus arcas a través de la compra de títulos públicos argentinos.
El fiscal definió a Ramos como un “enigmático testaferro” y ordenó su indagatoria. Solicitó a la jueza Gabriela Lanz que remita un exhorto a la Justicia suiza pidiendo la inhibición  de los bienes de Helvetic. Vallefuoco se negó a responder si la firma suiza tiene nexos con Lázaro Báez y SGI.
Ramos nació en la Argentina pero tiene pasaporte italiano. Es el responsable de las operaciones de Helvetic entre Buenos Aires y Suiza. Se divide entre Buenos Aires, Uruguay, Panamá y Perú, según el registro de Migraciones. Cada tanto regresa a Europa. Cuando PERFIL pidió hablar con Ramos, Vallefuoco cortó comunicación. Helvetic sabe que está comprometida: pidió acceso a la causa contra Báez en la Justicia federal pero el juez se lo negó, confirmaron fuentes judiciales.

Patear la pelota afuera. A pesar de que en la Argentina la historia se centra en SGI, la sociedad que más incomodó a Helvetic durante la entrevista fue Aldyne, con sede en el paraíso fiscal de las Islas Seychelles.
Campagnoli sostiene que esa firma maneja 148 sociedades constituidas en Nevada, que son a su vez controladas por Helvetic. A través de este armado, la firma suiza es, según el fiscal, un "centro neurálgico" de blanqueo de dinero.
"Helvetic no tiene ninguna relación con Aldyne de Seychelles", sostuvo Vallefuoco. Sin embargo, en los registros de Argentina consta que compartieron funciones en al menos una sociedad, casualmente una de esas 148 creadas en Nevada. "Hasta donde sabemos Aldyne pertenece a un agente residente en Nevada", agregó. Apuntó así a MF Corporate Service. Desde Nevada, esa compañía dijo que se dedica a crear sociedades pero "este servicio no representa ninguna vinculación adicional con la entidad formada, no implica la captación de fondos del cliente".

En "La Rosadita" había una línea directa con los números de Báez

Un listado de teléfonos secuestrado en la oficina de la financiera SGI reveló que desde allí se comunicaban por internos con el celular del empresario kirchnerista.

 Por Hernán Cappiello  | LA NACION
 Un nuevo indicio une al empresario kirchnerista Lázaro Báez con las actividades de la financiera SGI de Puerto Madero, desde la cual se habrían enviado al extranjero por lo menos 50 millones de euros de dinero negro, según dijo -y luego negó- el financista Federico Elaskar, ex dueño de la firma.
El número de teléfono celular y terrestre de Lázaro Báez en Río Gallegos aparece en un listado de nombres y teléfonos junto con el de los empleados de la financiera SGI y de la oficina contigua del séptimo piso del edificio Madero Center, donde funciona la consultora Organización y Consultoría Internacional (OACI), de Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez. En esa lista encontrada en OACI también aparecen números de dos hijos de Báez: Martín Antonio y Leandro.
Esos números de celular de SGI y de OACI son de una misma flota y son correlativos, dijo una fuente judicial a LA NACION.
La hoja impresa en computadora les fue exhibida esta semana a los siete empleados de SGI que declararon ante la Justicia. Ellos identificaron ante el juez Sebastián Casanello, el fiscal Guillermo Marijuan y los abogados de los acusados los nombres que estaban anotados en ese papel.
La lista tenía dos partes. La superior contenía los nombres de empleados de OACI, sus números de interno y de teléfonos externos. Una segunda parte tenía los nombres de los empleados de SGI, su número de interno y los externos.
Entre ambos estaban los números de Báez y de sus hijos, dijeron a LA NACION dos fuentes con acceso al expediente, que relataron que desde los teléfonos de SGI los empleados podían comunicarse, mediante un interno, con los empleados de OACI, lo que habla de la conexión entre ambas empresas.
De hecho, OACI es la que aparece haciendo el trabajo de auditoría previa a la venta de SGI a Helvetic Group. Elaskar primero declaró que esa venta se hizo bajo amenaza y por eso un fiscal quiere indagar a Lázaro Báez por extorsión, ante la sospecha de que el empresario de la obra pública patagónica es quien se quedó con el control de SGI.
También, dijeron las fuentes, a través de un teléfono interno se podía marcar y la llamada comunicaba directamente con teléfonos privados de Báez y de su compañía en el Sur, lo que es un indicio de la habitualidad de las comunicaciones. Los empleados que declararon ante el juez esta semana mencionaron que no habían visto a Báez ni a sus hijos en la oficina, pero dijeron que los dueños de SGI y los de OACI se reunían frecuentemente y que había negocios comunes entre ambas empresas.
Los videos de seguridad que les exhibieron a los empleados, en los que se ven imágenes del pasillo que une ambas oficinas, muestran a gente saliendo de una y entrando en la otra, y revelan que antes de los allanamientos se llevaron documentos de SGI y los ingresaron en OACI. En otros casos, los sacaron a través del ascensor. Se ven también albañiles que colocaron una mampara como parte de unas reformas que se hicieron en el lugar.
También se ve entre las personas que ingresaron en el lugar a Daniel Pérez Gadín, a Gustavo Fernández, presidente de SGI, luego de Elaskar, y a Fabián Rossi, que sale de la oficina con una valija. No se los ve sacando documentación.
Pero quien sí aparece en el momento de la limpieza de la oficina es Sebastián Pérez Gadín, en la víspera de que saliera al aire el programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, el 14 de abril pasado, cuando se hicieron públicas las denuncias sobre el caso.
El nuevo indicio de la lista de teléfonos se suma a la misteriosa aparición del nombre de Báez en la caja de un reloj de lujo decomisada en el primer allanamiento realizado en la caja fuerte de OACI.
Cuando los hombres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los funcionarios del juzgado de Casanello ingresaron en el departamento B, de Juan Manso 555, pared por medio con SGI, descubrieron que había tres estuches de relojes, pero uno estaba vacío.
En uno de los estuches había un Hublot Geneve. En otra caja había un Rolex. El que faltaba era un Rolex Bracelet Oyster Dial Black. Pero sí encontraron en la caja el manual de instrucciones, la garantía y una tarjeta con los datos de su dueño: Lázaro Báez, que adquirió el aparato valuado en 12.500 dólares el 25 de mayo de 2012. Por lo menos así lo certifica la tarjeta secuestrada allí que sirve para identificar a los propietarios de artículos de lujo como ese reloj. Dentro del estuche quedó un eslabón de la malla metálica, tal vez sacado para ajustarlo al tamaño de la muñeca de su dueño.

Las evidencias vienen del exterior

El juez federal Sebastián Casanello insistió ante la Cancillería para obtener pronta respuesta de los exhortos que envió a Uruguay, Panamá y Suiza con datos sobre la causa en la que investiga a Lázaro Báez. Es que de allí pueden surgir evidencias para indagar al resto de los imputados, incluido el empresario.
A Uruguay pidieron datos sobre las sociedades y nombres alrededor de la compra del campo El Entrevero en José Ignacio y empresas de los investigados; a Panamá pidieron datos sobre una sociedad a nombre de Martín Báez, y a Suiza, sobre una cuenta de esa sociedad.