"La Afip se siente amenazada (por la Corte) y podría recusar a los jueces"

El titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), Ricardo Echegaray, se refirió a la supuesta investigación del organismo a Ricardo Lorenzetti. "Hasta el momento no he recibido de la Corte el pedido que se publicó en los medios de comunicación", señaló. Según él, el comunicado de la Corte Suprema, "fue un avance frente a las funciones y facultades a la AFIP como organismo ejecutor de la política fiscal. Es un abordaje impropio que la Corte, de manera institucional, nos peticione tratar cuestiones estrictamente individuales de contribuyentes y sus familiares. Veo amenazada la función de la AFIP de fiscalizar a todos los contribuyentes de la Argentina", insistió. También dijo que podrían recusar a los jueces.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). "No es una situación comun. No hemos vivido una situación semejante. La AFIP se siente amenazada o al menos condicionada por el comunicado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la tarea que tiene la AFIP se fiscalizar a cualquier contribuyente argentino", denunció Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

 

Hace 1 semana la Corte Suprema rubricó las versiones periodísticas que indicaban que el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzentti, les había informado a sus pares que la AFIP está investigando sus cuentas y las de sus familiares.

 

Luego, la Corte difundió un comunicado para informar que sus miembros "se han reunido en el día de la fecha" para analizar "la situación expuesta por su presidente".

 

"La Corte encomendó a funcionarios del Tribunal que se reunieran con representantes de la AFIP para aclarar la situación", detalló el texto difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

 

Ricardo Echegaray aseguró que "hasta el momento no se han recibido de la Corte el pedido que se publicó en los medios de comunicación. Yo llegué el viernes (28/06), leí un comunicado de la Corte, corroboré a ver si teníamos un pedido de reunión, pero no recibimos ninguno", sostuvo.

 

"Es un acto impropio de los magistrados pedir una reunión, si lo que quieren es un encuentro por un tema particular de un contribuyente", dijo el encargado del organismo recaudador.

 

Echegaray dijo que tiene la obligación de recaudar para pagar, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, y que la Corte Suprema obstaculiza la función de recaudación, "es inédito e impropio. Evaluamos diversas medidas, y si tenemos que recusar a los jueces, lo haremos".

 

Ante cualquier duda, todos los contribuyentes tienen la posibilidades de acercarse a las agencias de la AFIP donde están inscriptos", agregó Echegaray.

 

Para él, "fue un avance frente a las funciones y facultades a la AFIP como organismo ejecutor de la política fiscal".

 

"Es un abordaje impropio que la Corte, de manera institucional, nos peticione tratar cuestiones estrictamente individuales de contribuyentes y sus familiares", agregó. "Veo amenazada la función de la AFIP de fiscalizar a todos los contribuyentes de la Argentina", insistió.

 

"Con (Ricardo) Lorenzetti hemos hablado bastante (en el pasado), hablamos de mi gestión y me ha convovado a sus oficinas por temas institucionales. Muy distinto es tener una reunión particular de un miembro de la Corte por él o uno de sus hijos o familiares".

 

Él dijo, además, que el secretario de Administración de la Corte Suprema, Héctor Marchi, se reunió con el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI + Aduanas es la AFIP), y requirió saber si la AFIP lo investigaba a él, a Lorenzetti y parte de su familia, y si eso tenía intenciones políticas, a lo que tuvo una respuesta negativa.   

 

Echegaray consideró "impropio" que la Corte Suprema "de manera institucional peticione una audiencia para cuestiones particulares de contribuyentes y sus familiares. Yo hace 21 años que estoy en esta institución yo jamás vi algo así, que al Corte en la reunión de acuerdos evalúe si me van a denunciar por algo que ni siquiera confirmaron", añadió.

"Yo no estoy evaluando hacer denuncias, lo que veo es amenazada la función que tiene la AFIP de fiscalizar a todos los contribuyentes", respondió el funcionario al ser consultado si consideraba un acto "extorsivo". 

 

"Es un acto impropio de la Corte avanzar sobre las tareas propias de la AFIP y no estaría dando garantías de la calidad institucional y la división de poderes", lanzó.

 

Echegaray admitió que la agencia que dirige realiza tareas de fiscalización sobre una sociedad, de la que forman parte hijos del titular del máximo tribunal, a raíz de información que surgió de un cruce de datos. Indicó, además, que Marchi no había presentado la declaración jurada de ganancias, cuestión que cumplió luego de que se difundiera el comunicado de esa institución.

 

“No pensamos mantener una reunión con la Corte por temas personales”, afirmó al ser consultado en la conferencia de prensa que siguió al anuncio de la recaudación mensual.

Oyarbide desarma una financiera a pedido de Cristina

Se investigan movimientos millonarios de dólares hacia el exterior. “Esta causa es presidencial”, dijo el juez. El objetivo detrás de la denuncia es frenar el dólar blue.

El juez federal Norberto Oyarbide volvió a convertirse en aliado central del Gobierno, esta vez, en una misión central en un año electoral: “planchar” el dólar blue a través de una megacausa judicial por presunto lavado de dinero y evasión de impuestos.
“Esta causa es presidencial”, le dijo a otro magistrado en plena investigación hace poco más de un mes. Oyarbide remarcó el “interés de la Presidenta” y del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en ver prosperar la causa, que tiene en la mira una de las principales financieras del mercado: la casa de cambio Alhec. Su principal operador es el vicepresidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, Carlos Rivera.
Alhec es una firma argentina, pero se expandió a Uruguay y Chile. En los papeles, la financiera es propiedad de un croata-argentino, Juan Kresimir Bielic, actualmente prófugo de la Justicia. Bielic comenzó con una casa de cambio en la Galería del Este, en la calle Florida. Compró Alhec y se alió con Rivera, especializado en el manejo de dinero del fútbol. Juntos hicieron de Alhec la financiera preferida de los futbolistas y clubes. Ambos están prófugos de la Justicia. La financiera es donde los jugadores cambian sus sueldos por dólares y hacen giros al exterior. Pero no son los únicos clientes de Alhec.
“El Gobierno considera que hay un golpe financiero. Alhec era afín al Gobierno, manejaba órdenes muy grandes de transferencias de dólares afuera”, contó un financista a PERFIL. El viernes, el juez viajó a Uruguay, donde estarían las cuentas receptoras de esos dólares. La causa también golpeó de lleno al fútbol y puso a Julio Grondona, titular de la AFA, en el medio de rumores sobre sus nexos con la financiera. En los tribunales ya es vox populi que la causa es un vuelto de CFK contra el empresario del fútbol por el reclamo de una deuda. Pero en el mercado financiero descartan esa hipótesis. Y afirman que el verdadero motor de la causa es la guerra contra el dólar blue.
La AFIP detectó que los equipos de fútbol utilizaban clubes “fantasma” en el extranjero para comprar y vender jugadores, como reveló PERFIL en 2012. Los clubes lograban así permiso para comprar millones de dólares de manera injustificada. Echegaray denunció a los clubes en el Fuero Penal Tributario. El juez Javier López Biscayart cerró el expediente por inexistencia de delito. Pero el Gobierno necesitaba que esa causa avanzara.
Los intentos del secretario de Comercio Interior por frenar la subida del dólar no bastaban, y fue casualmente cuando Oyarbide comenzó a investigar por presunto lavado a la financiera, una de las principales del mercado. Incluso, en marzo, el juez ya había apuntado a Alhec en otra causa por operaciones cambiarias “dudosas” camufladas en la compraventa de paquetes turísticos.
Oyarbide acusa a los financistas de integrar una presunta “asociación ilícita”, y lo que comenzó como una investigación centrada en los pases de jugadores escaló proporciones mayores. El propio juez comentó en los últimos días a un allegado que la investigación sobre los jugadores era “anecdótica” frente a lo que había encontrado tras allanar Alhec: supuestos giros millonarios a cuentas en Uruguay de personalidades públicas. Hasta se habla de un ministro. En Juana Manso 550, Alhec tiene una sucursal al lado del edificio de la “La Rosadita” de Puerto Madero, como se conoce a la financiera SGI, del caso Lázaro Báez.

Llamados a blanquear, por las buenas o por las malas

El Gobierno desplegó una batería de presiones para evitar que el polémico blanqueo de capitales fracase si no ingresan los dólares necesarios para compensar la fuerte caída en las reservas.

Hubo pedidos de ayuda para cambiar la apatía de los banqueros y Guillermo Moreno convocó por carta documento a financistas díscolos que ya no quieren escuchar sus arengas.
Ricardo Echegaray estuvo con Héctor Méndez, Cristiano Rattazzi y Adrián Kauffmann Brea, a quienes les aseguró que la AFIP rastreará y perseguirá a quienes no blanqueen sus activos en el exterior.
La acción –hasta a veces extorsiva– se desplegó porque la información confidencial confirma que no existe entusiasmo con la amnistía y que los posibles ingresos distan mucho de los 4.000 millones de dólares que se le prometieron a la Presidenta.
Un informe que elaboró el Banco de la Nación contradice a Moreno y a Echegaray. Sugiere que la cifra a recaudar sería la mitad de la prometida en la Quinta de Olivos. Juan Carlos Fábrega comunicó a la Presidenta: “El Banco Nación estima una recaudación de 2.000 millones de dólares.” Para la Casa Rosada el dinero que se quiere obtener con la amnistía a fondos del lavado y la corrupción es clave como un “puente” para llegar sin sobresaltos cambiarios a las elecciones de octubre. El Gobierno pierde reservas desde el inicio de año y sólo un ingreso adicional de divisas puede evitar una futura inestabilidad cambiaria en medio de la votación.
Por eso, Mercedes Marcó del Pont –en una inusual reunión– convocó el miércoles a todos los grandes banqueros y les exigió que hagan un esfuerzo político para engrosar el blanqueo. “Ustedes tienen que ayudar al éxito del blanqueo y promocionar el uso del Cedin”, arengó una abatida Marcó del Pont. El fin de semana soportó –otra vez– una embestida de quienes quieren eyectarla del BCRA y que la proponían como candidata legislativa. De la reunión participaron el propio Fábrega, Jorge Brito, Gabriel Ribisich y Claudio Cesario. Hubo dudas y se presentó un reparo concreto: que los bancos no pueden hacer campaña pública para convocar a blanquear dinero.
También los banqueros le anticiparon a Marcó del Pont que cumplirán en forma estricta las exigencias contra lavado de dinero. En la reunión confirmaron que el directorio de varios bancos instruyó a sus ejecutivos a denunciar directamente ante la UIF como “operación sospechosa” todas las transacciones de blanqueo de capitales, a excepción de montos pequeños de sus clientes. La decisión tiene la bendición de la cúpula de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y extranjeros (ABA). La recomendación se hizo después de que tuvieron el detalle de cómo José Sbatella evitó una sanción en el GAFI.
La Secretaría General del GAFI había pre-elaborado un documento en donde se manifestaba la “preocupación” por el blanqueo en la Argentina. La Casa Rosada logró postergar la condena internacional y, para eso, Sbatella se comprometió a lo siguiente: argumentó que el control del origen de los fondos iba a estar en manos del sistema bancario argentino, de acuerdo a las leyes vigentes contra el terrorismo y el lavado del narcotráfico.
Ese ardid permitió postergar la sanción del GAFI pero endureció a los bancos locales: todos serán intransigentes frente a los pedidos de blanqueo.
Guillermo Moreno tuvo en las últimas jornadas también duras reuniones secretas con los banqueros. “Yo no confío en la Arrostito, porque es una inútil”, argumentó Moreno cuando los banqueros le comentaban sus diálogos con Marcó del Pont.
El secretario de Comercio está inquieto, porque asumió frente a Cristina toda la responsabilidad por el éxito de la medida. Si la amnistía no funciona, el dólar volverá a subir y tendrá un fuerte costo político ante la Presidenta.
Eduardo Escasany, Juan José Piano, Luis Ribaya, Ricardo Moreno, José Luis Pardo, así como Brito y Elsztain, pasaron de a uno y en secreto por el despacho de Moreno. Hubo banqueros que se negaron a concurrir y Moreno los obligó en las últimas horas, citándolos con una intimidatoria carta documento.
Para algunos, la primera sorpresa fue que Moreno los recibió junto a Axel Kicillof. El joven economista avaló con su silencio la actuación del secretario de Comercio y reflejó así que la revuelta de La Cámpora contra Moreno fue aplacada por la Presidenta.
El secretario habló del blanqueo, les dijo que sabía cuántos millones tenía cada banquero en el exterior.
Pero su preocupación es el precio del dólar y volvió sobre la idea de los $ 6,50. Así lo dijo: “Vuelvo a repetirlo, quiero que se reúnan, se pongan de acuerdo y fijen un dólar a $ 6,50”. Moreno explicó por qué insiste con ese valor y expuso sus rudimentarios argumentos económicos: “El dólar es negro porque no tiene IVA”. Y agregó: “Por eso, el precio real del dólar negro es el valor oficial más el IVA, lo cual da $ 6,50”.
Los banqueros le explicaron que era imposible su plan con los actuales desequilibrios macroeconómicos. También argumentaron que las reservas están en picada y que a fin de año llegarían a 33.000 millones de dólares, lo cual puede generar ruido cambiario.
“Esto es inviable”, le dijo Brito, el jefe de ADEBA.
Hubo trifulcas y amenazas. Moreno terminó todas las reuniones con una misma pregunta: “¿Cómo yo fijo el precio de los fideos y vos no podés fijar el precio del dólar?
” El contenido de los encuentros trascendió en todo el movimiento empresario, donde habrá una novedad de peso: el martes, José Ignacio de Mendiguren pedirá licencia en la UIA, para abocarse a la campaña electoral, con Sergio Massa.
Copyright Clarín, 2013.

Guerra sucia: Cristina le tiró la Afip encima a Lorenzetti y sus hijos

Luego que la Corte Suprema frenó el martes 18/06 la reforma del Consejo de la Magistratura, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray impulsó una investigación sobre el patrimonio de Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal, así como sobre sus 3 hijos, de acuerdo a la web de Perfil. Deberá recordarse que, en tiempos de Aníbal Fernández ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Lorenzetti fue espiado electrónicamente, aparentemente desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que dependía del hoy senador nacional Fernández, quien tenía a sus órdenes al ex Side hoy refugiado en Uruguay, Iván Velázquez, designado por Néstor Kirchner jefe de Contrainteligencia en la PSA. Es decir que no es la primera vez que los K avanzan contra Lorenzetti, pero sí es la primera vez que lo haría a través de la Afip.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La web Perfil.com denunció que la Administración Federal de Ingresos Públicos investiga el patrimonio y las declaraciones juradas de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-

 

La investigación del organismo recaudador, agrega la noticia, incluiría a Héctor Daniel Marchi, el contador personal de Lorenzetti quien ahora está a cargo de la administración del presupuesto del Poder Judicial.

 

El tema fue tratado en el Acuerdo de Ministros de la Corte Suprema de hoy (martes 25/06) con extrema preocupación de los 7 ministros, quienes consideran esta actitud como una forma de presión directa por las decisiones tomadas o las que deberán tomar, según confirmaron a Perfil.com fuentes judiciales.

 

La pesquisa que se impulsa en la AFIP carecería de una orden judicial que la ordene o causa legal suficiente en clara vulneración a derechos y garantías, señalan.

 

Por ello, Ricardo Lorenzetti estaría estudiando iniciar una denuncia penal contra Ricardo Echegaray, por extorsión y amenazas, con el aval de sus pares, ante “la gravedad de que se haga uso del aparato estatal para intentar amedrentar”, concluyeron las voces consultadas.

 

La semana pasada, el Máximo Tribunal, declaró con el voto en disidencia de Eugenio Zaffaroni, la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 4º, 18° y 30° de la ley 26.855, que estableció una nueva regulación del Consejo de la Magistratura de la Nación, y del decreto 577/13, que realiza la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros.

 

Esta decisión desató la furia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto por el día de la Bandera en Rosario pero también en Twitter mantuvo el enojo y aseguró: "Me cuesta creer que estén impidiendo a los argentinos votar", y agregó que "la voluntad popular está sobre cualquier otro poder, y también el derecho a votar".

 

"Cuando uno toca determinadas corporaciones, enseguida viene el vuelto", opinó ella sobre el fallo, y aclaró que la reforma es necesaria para que "su vida, su patrimonio y su libertad no estén sujetos al antojo mediático de las corporaciones o al poder de los que tienen dinero".