domingo, 1 de septiembre de 2013

Vaca Muerta tiene un olor a... podrido

Aprobado por la Legislatura neuquina el acuerdo hidrocarburífero con Chevron, ¿el asunto está concluido y la extracción del shale será en calma? De ninguna manera.

 Hay cuestiones tan diversas y profundas en el medio, que es inevitable que la acción continúe, para desvelo del torpe gobernador Jorge Sapag. Aquí una interesante descripción de los hechos de parte del patagónico Río Negro ya que reconoce que el tema ambiental ha sido dejado de lado tanto por Sapag como por YPF y sorprende lo de Chevron, que tiene tanta experiencia en denuncias por destrucción ambiental, por ejemplo en Ecuador, y no prevenga más escándalos:
NEUQUÉN (Río Negro). Con un despliegue de violencia que dejó traslucir su planificación, grupos de ultraizquierda cultores de la doctrina del cuanto peor mejor, ecologistas de los que no admiten la minería pero sí los celulares y los automóviles, opositores sin escrúpulos que buscan sumar votos por cualquier medio y gremios usualmente más preocupados por llevarse su propia tajada que por contribuir a la generación de mayor riqueza intentaron impedir que sesionara la Legislatura para debatir un tema crucial para la Provincia y el país, la extensión de la concesión de un área equivalente a sólo el 1,5% de Vaca Muerta a YPF, para hacer posible su acuerdo con una empresa extranjera que aporta capital y tecnología.
 
Lo hicieron porque todos juntos son minoría y sabían de antemano que había una mayoría dispuesta a sancionar aquello con lo que no concuerdan o simplemente no entienden. Pero, en lugar de informarse y dar el debate, prefirieron dar rienda suelta a sospechas fundadas e infundadas. Su conducta violenta, ciega y cargada de suspicacia fue claramente antidemocrática.
 
Hay que decirlo, también: fue tan irresponsable y desaprensiva que sólo por fortuna no ocasionó alguna muerte. Ello, independientemente de que, es sabido, la policía suele desbordarse cuando se trata de poner límites a una manifestación y con mayor motivo cuando es inusitadamente iracunda.
 
El descalabro que armaron estos grupos contó, por acción u omisión, con la complicidad de siete diputados de la oposición que, en su afán por impedir la sesión, en lugar de dar el debate legislativo obraron de manera funcional a los revoltosos. Otros dos directamente se sumaron desaprensivamente a los grupos que tiraban piedras contra la policía o destrozaban alevosamente bienes públicos y privados. Dos más, empero, a pesar de estar en desacuerdo se quedaron en el recinto para exponer sus argumentos o votar en contra, observando la conducta esperable en el marco de las instituciones.
 
Pocas voces se alzaron por fuera para condenar estas reprochables conductas. Los más prefirieron trasladar cómodamente toda la responsabilidad a la "represión policial". Inclusive los que, como el intendente Horacio Quiroga, se pasan la vida criticando las manifestaciones y apagando neumáticos a fuerza de multas y esta vez tendieron a justificar lo actuado o no lo condenaron. Parecen no darse cuenta o no quieren hacerlo, pero el 'vale todo' y la oposición por la oposición misma son un bumerán en la política argentina.
 
Ya se ha dicho desde este mismo espacio que el acuerdo YPF-Chevron, que la Provincia hizo posible extendiendo la concesión del yacimiento Loma Campana, una muy pequeña porción de la potencialmente enorme riqueza que contiene la formación Vaca Muerta, no es ni tan malo ni tan bueno como pretenden algunos sino el único a mano para un país en una difícil coyuntura energética. Argentina ve aumentar dramáticamente la factura por la compra de energía en el exterior –este año va a ser de 13.000 millones de dólares y es creciente– y aunque tiene el recurso en su propio subsuelo carece de los capitales y la tecnología para extraerlo, condición excluyente para seguir creciendo e incrementando la prosperidad colectiva.
 
También se ha dicho aquí que no se llega a esta situación de casualidad sino porque la increíble privatización de la empresa de bandera –algo que no hicieron Brasil ni México con su petróleo ni Chile con su cobre– permitió que una empresa como Repsol, cuyo modelo de negocios fue la extracción a ultranza y la inversión cero, condujera en pocos años del autoabastecimiento y hasta la exportación a la importación neta de hidrocarburos. Una empresa que fue expropiada y debe ser justamente resarcida pero que mientras tanto se empeña en bloquear por todos los medios la inversión extranjera que el país necesita.
 
Aunque tarde, el presidente de YPF Miguel Galuccio lo explicó el jueves pasado al defender el acuerdo con Chevron: el déficit energético del país es "serio" y puede "empeorar si no hacemos algo", advirtió.
 
Hay que señalar también que el gobierno nacional contribuyó a politizar este asunto sacándolo del ámbito estrictamente empresario. Si, como dice Galuccio y parece razonable, no hay cláusulas secretas en el convenio sino un compromiso de confidencialidad entre dos sociedades anónimas, este asunto nunca debió salir del ámbito privado.
 
Es que la Nación y también la Provincia fallaron en comunicar con claridad y extensión los alcances del acuerdo, contribuyendo de esa forma a despertar sospechas, algunas de ellas interesadas –no ha faltado quien asegure que Repsol y otras petroleras han alentado las críticas más cerriles– y otras plenamente justificadas en un país que ha visto tantas veces a sus gobernantes y dirigentes traicionar sin rubor la palabra empeñada.
 
Sin perjuicio de que muchos de los que se embanderan en la causa ambientalista lo hacen desde un primitivismo refractario al progreso y el desarrollo, muchos de los que objetan este acuerdo lo hacen porque rechazan o tienen dudas genuinas sobre los alcances ambientales de la extracción de hidrocarburos no convencionales.
 
No se trata de que si las cosas no se hacen como corresponde mañana habrá contaminación; la contaminación ya existe por obra y gracia de los métodos convencionales porque la extracción de petróleo es potencialmente contaminante y si no se la controla debidamente, mucho más.
 
Los mapuches que ahora se quejan podrán no ser los titulares de las tierras comprometidas por el acuerdo, pero son vecinos y no se quejan de gusto; ya han sufrido los efectos de esa contaminación en carne propia.
 
Así las cosas, no se puede admitir que el gobierno provincial eluda o minimice el debate ambiental. Es un tema que la sociedad en su conjunto reclama esclarecer para evitar que se reiteren males por todos conocidos. Está claro que si no se da el debate y no se fijan políticas muy claras, mañana será tarde.